Foto: Eugenia Neme
El Consejo Directivo de la UNCo Bariloche declara:
Deseamos manifestar nuestra preocupación por los hechos de violencia que se vienen sucediendo en torno a Villa Mascardi. Se trata de un conflicto que implica el acceso a la tierra por parte de una comunidad originaria, situación que lleva ya varios años y requiere para su resolución un enfoque y trabajo integral por parte de los distintos estamentos del Estado.
La resolución de conflictos mediante acciones violentas, sin importar de quien provienen, es inaceptable. Debe profundizarse la vía del diálogo, la atención de requerimientos vitales, la consideración de distintas visiones y enfoques. En especial y en esta región, la problemática de los pueblos originarios que, luego del despojo territorial con el genocidio fundante de los Estados nacionales quieren hacer valer el derecho al retorno a los territorios que ancestralmente ocuparon, requiere un compromiso y accionar constantes por parte de los Estados provincial y nacional, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina, que reconoce la preexistencia étnica y cultural, garantiza el respeto a su identidad, reconoce la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Alentamos el trabajo en ámbitos de discusión que incluyan a todas las voces, que consideren los distintos intereses, que busquen soluciones de fondo para el problema del acceso a la tierra de quienes quieran vivir de ella, que requieren políticas estatales acordes, enmarcadas en leyes nacionales y convenios internacionales, (como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo). En este caso, se trata de tierras que ancestralmente ocupó el pueblo mapuche, hoy bajo la jurisdicción de Parques Nacionales, y cuya titularidad comunitaria reclama. En ese contexto de reclamo fue asesinado Rafael Nahuel, en medio de una violenta intervención por parte de fuerzas nacionales de seguridad, crimen que aún no fue resuelto.
En estos días, una convocatoria mediante redes sociales, en apoyo a los vecinos de la zona, pero también llamando a desalojar a la comunidad del predio recuperado, es preocupante. Parte de nuestra sociedad aún considera que los conflictos pueden resolverse por medio del uso de la fuerza, sea estatal o particular. No podemos permitir, como ciudadanos y ciudadanas, que esta forma de pensar prospere y se imponga por sobre el diálogo, el escuchar al otro, el ponerse en ese lugar de quien reclama para entenderlo.
Sugerimos que se convoque a instancias de diálogo como la Mesa de resolución Alternativa de conflictos, creada a nivel nacional, que aborda de manera integral este tipo de situaciones, y que habilita el debate de distintos actores e intenta generar consensos. Es necesario arribar a una solución que pacifique y que resuelva a la mayor brevedad un conflicto que lleva más de 3 años y que como todo conflicto demanda señales concretas para su resolución. Desde el reconocimiento de la herencia colonial, alentamos al compromiso de las partes para la construcción de diálogos desde nuevos contextos que reconozcan las injusticias históricas que han marcado y marcan la vida de los pueblos y las mujeres indígenas, para crear y sostener una forma no violenta de resolver los conflictos, atenta al encuadre de derechos.
Para descargar el documento de la Declaración CD CRUB GAB Nº 0004/20, hacer click aquí.