La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, habló en la sesión del Consejo Superior del evento que se realizará 12 y 13 de marzo. También dio a conocer detalles de la situación presupuestaria. Aprobaron declaración por el ajuste a las universidades nacionales.
“La Asamblea Universitaria va a ser un espacio para decir que no todo está perdido” en la Argentina, dijo la rectora de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Beatriz Gentile, en un tramo del informe que brindó hoy en el Consejo Superior que realizó la primera sesión ordinaria del año.
La Asamblea, que se llevará a cabo 12 y 13 de marzo próximos, se da “en un contexto donde nos están diciendo que lo colectivo es mala palabra” y que “el fracaso es nuestra única marca como sociedad argentina”. Esta Asamblea fue pensada para “ampliar derechos” dijo en alusión a los proyectos que incorporan las perspectivas intercultural, ambiental y de género al Estatuto de la UNCo.
Gentile destacó que la Asamblea “es el hecho más importante de este año” que sucederá en la Universidad y recordó que llega con 19 proyectos de los cuales 16 fueron aprobados por unanimidad por el Consejo Superior, un nivel de consenso que “ocurre por primera vez en la historia” de las asambleas. Destacó que hubo un trabajo de casi un año en la comisión “ad hoc” creada para tratar las iniciativas y buscar los acuerdos necesarios para avanzar con este proyecto.
La rectora también abordó el tema presupuestario de la UNCo y puso en conocimiento de consejeras y consejeros las dificultades que enfrentan las universidades en general y la UNCo en particular para contar con los recursos para gastos de funcionamiento y otras partidas que están congeladas.
En ese sentido, puntualizó que para los gastos de funcionamiento se envían 121 millones de pesos por mes y en enero se gastaron 257 millones, erogaciones que se afrontaron con remantes del ejercicio anterior, un recurso limitado, aclaró. También mencionó que si el gobierno nacional no descongela los fondos al cabo del año, la UNCo recibirá algo más de 37 mil millones cuando la proyección de erogaciones, si se tiene en cuenta una inflación proyectada de 213%, harán falta casi 95 mil millones de pesos.
La rectora informó de las gestiones que se realizaron durante el verano ante autoridades provinciales de Río Negro y Neuquén. La tarea, aclaró, forma parte de la construcción de una estrategia de colaboración para mitigar el impacto de la política de ajuste.
También destacó el trabajo en conjunto que se realiza con rectoras y rectores de las universidades nacionales de la Patagonia para coordinar la agenda de necesidades comunes. Mencionó tres problemas que enfrentan hoy las universidades a nivel regional: renovación de alquileres, quita de subsidios al transporte y el freno de la obra pública.
“Los gobiernos provinciales fueron muy receptivos a nuestros planteos, y vamos a llevar al Parlamento Patagónico una postura común como universidades e integrar los reclamos” a ese ámbito para impulsarlos ante el gobierno nacional, dijo Gentile.
Declaración
El Consejo Superior también aprobó una declaración sobre el momento actual de las universidades que dice lo siguiente:
“Argentina transita un período de ofensiva de determinados grupos económicos, ligados principalmente a los sectores financiero y agroexportador, para destruir derechos conquistados y adecuar la estructura institucional y productiva a una nueva estrategia de acumulación económica. Como ha ocurrido en la década de 1990, la salud y la educación nuevamente son afectadas por las políticas de ajuste de un gobierno neoliberal.
“El nuevo gobierno nacional avanza sobre los derechos de trabajadoras y trabajadores, de los gobiernos provinciales, de los movimientos sociales, de las pequeñas y medianas empresas y de las diversas organizaciones de la sociedad civil. El poder ejecutivo nacional en nombre de la antipolítica se ha impregnado de sectores burocráticos cuyo propósito es destruir derechos sociales, la salud, la educación, la producción y la ciencia.
“En agosto del año 2023, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue emitió una declaración aludiendo a las “propuestas electorales contrarias a los intereses de las universidades públicas” y se advertía que, de aplicarse, implicarían un retroceso en derechos adquiridos, como el arancelamiento, el cierre del CONICET y las reducciones presupuestarias en educación, ciencia y técnica. El 13 octubre del 2023, el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió, en otro pronunciamiento en la misma línea argumental, que el derecho a la educación estaba “, en riesgo.
“Estos escenarios de destrucción del sistema universitario público como estructura de inclusión a la educación pública e integrante del sistema científico nacional están en marcha con una elocuencia y violencia sin precedentes en Argentina.
“La proyección de fondos necesario para el período 2024 que realizó la Secretaría de Hacienda de la UNCo se aproxima a 95 mil millones de pesos, sin embargo las políticas nacionales prevén la asignación de 37 mil millones. Es claro que más que una “emergencia transitoria” o “momento de incertidumbre” se trata de un proyecto de desguace de las universidades públicas, en el marco de políticas de vaciamiento y entrega de la soberanía nacional.
“Ante la estrategia del gobierno nacional de agraviar a las instituciones públicas, sea el CONICET o el Congreso Nacional, ante la promoción del “salvesé quien pueda”, el “hay que esperar”, el individualismo o del enfrentamiento entre sectores sociales afectados por el mismo plan de ajuste, se requiere de más pluralismo, de más acciones colectivas para construir la unidad en el reclamo del refuerzo presupuestario. En este sentido, las federaciones docentes y FATUN han formulado reclamos salariales que respaldamos frente a la pérdida de poder adquisitivo que los salarios han sufrido en el plazo de los dos últimos meses. Además, tendrá continuidad la articulación con los gobiernos municipales y de las provincias de Río Negro y Neuquén que colaboran con el sostenimiento de nuestra querida universidad”.