El Consejo Directivo del Centro Regional Universitario Bariloche de la UNCo se encuentra reunido para sesionar, en el marco de un paro universitario a nivel nacional de tres días en un reclamo que ya lleva casi dos años de lucha de la comunidad universitaria en su conjunto, hoy particularmente se exige al gobierno nacional poner en marcha la ley de financiamiento universitario, y la efectivización de paritarias, reclamo de carácter urgente.
Después de tres marchas universitarias multitudinarias, la ley de financiamiento que fue aprobada por ambas cámaras legislativas nacionales y tras veto presidencial, fue nuevamente ratificada en diputados y senadores convirtiéndose en ley con obligación de ser puesta en funcionamiento por el ejecutivo nacional. No obstante, el gobierno la deja sin efecto argumentando falta de presupuesto en pos de no romper el “equilibriofiscal” ante la mirada de toda la sociedad de la utilización de fondos del estado discrecionalmente y de toma de deuda externa sin consenso legislativo para manejos de mercado, favoreciendo únicamente a poderes económicos concentrados y a sectores financieros. El reclamo universitario dada la gravedad de la situación y la urgencia, ya está en proceso legal a la espera de que la justicia garantice el cumplimiento de la ley.
Los y las trabajadores de las universidades públicas, docentes y no docentes, están en emergencia salarial y el funcionamiento universitario ni siquiera está garantizado. Las universidades han y están atravesando por situaciones de pérdida de recursos humanos valiosísimos, que este mismo estado históricamente formó en sus universidades y entidades nacionales de ciencia y tecnología. Está pérdida ocasiona a nivel nacional un daño que hasta el momento el CIN sostiene que tardará al menos veinte años en reparar. Cualquier persona que pasó por una universidad pública sabe de las exigencias de los concursos regulares de quienes accedieron a sus cargos, que éstos requieren de años de estudio, trabajo académico y de investigación, y que los proyectos y convocatorias son evaluadas rigurosamente por pares de otras facultades o universidades, hechos que el gobierno intentó negar con argumentos falsos, aprovechando los modos de información o desinformación masiva.
Por otra parte, el gobierno nacional insiste en enfrentar trabajadores/as con trabajadores/as con el discurso de adoctrinamiento por parte de los docentes y sostener que los estudiantes son rehenes de sus profesores, en una interminable campaña de desprestigio de la educación pública y de la universidad en particular, sin tener ningún dato real sobre estas acusaciones. Ante este discurso de odio las universidades continúan haciendo sus tareas de bien público y organizadas en la lucha, para seguir existiendo, cumpliendo sus funciones, incluyendo a la sociedad al conocimiento y a la formación, al acceso a una mejor calidad de vida de la sociedad argentina en su conjunto. Imposible tener de rehenes alumnos y alumnas, ya que no existirían si no existen docentes universitarios/as, y siendo hasta el día de hoy su prioridad. Estudiantes y sus familias han compartido la lucha porque saben que la universidad pública gratuita y de calidad es uno de los emblemas más valorados de la sociedad argentina. Cualquier persona que aporta en su arte y trabajo es dignificada con un salario acorde al momento. Históricamente este momento marca el peor nivel salarial del personal docente en su conjunto, estando el en el mayor porcentaje de sus integrantes debajo de la línea de la pobreza.
Las universidades tienen además funciones de investigación, extensión, formaciones varias, perfeccionamiento, actividades culturales y espacios de discusión sobre temas de interés social, tratando conflictos, conocimientos varios, recreación, salud, temas ambientales, etc. Estas actividades históricamente fortalecidas están prácticamente sin financiamiento sostenidas por sus integrantes y redes de profesionales, mientras se resiste a esta embestida sostenida en el tiempo. También el presupuesto para mantenimiento y gastos de los edificios universitarios es tremendamente exiguo.
Todos estos temas están contemplados (e incluso ya atrasados) en la ley de financiamiento que el gobierno por decisión política no hace efectiva. Podemos pensar en todo lo que implica no inocentemente esta decisión política: la exclusión, la falta de posibilidades, posibilidades que entre otras cosas implican movilidad y justicia social, negar el acceso al conocimiento y a la construcción compartida y situada de mismo, vedar el pensamiento crítico, quebrar el valor del conocimiento y los avances científicos de un país, y en relación al hecho de que sea una ley la que está en cuestión: el incumplimiento de obligaciones bases de la democracia argentina y de su constitución. Manuel Belgrano ya decía y hace ya mucho tiempo tiempo “un pueblo culto nunca podrá ser esclavizado”.
Este consejo directivo mantiene su convicción, su resistencia y la lucha en sus reclamos, insta al gobierno nacional a hacer efectiva la ley del financiamiento universitario en el marco de la democracia, y afirma que seguirá de pie hasta que se reconozca y dignifique la universidad pública, gratuita y de calidad y su labor y a toda su comunidad.